El término hospedaje ha estado siempre lleno de matices diversos, difícles de unificar, pero la única manera ha sido englobarlos en la categoría de alojamientos turísticos, donde más que en ningún otro segmento del sector turístico se puede avanzar en la disquisición de su propia naturaleza: servicio o industria.
Ya en la legislación de 1965 se profundizaba en el concepto técnico de los alojamientos turísticos, clasificándolos en los de hostelería y los de carácter no hotelero. Esta clasificación elemental se ha mantenido a lo largo de estos años y parece ser más bien un dogma que una pura y simple diferenciación técnica, jurídica o comercial.
En la ley del 65 eran hoteles las empresas dedicadas de modo profesional o habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las personas con o sin  otros servicios de carácter complementario, para el  controvertido Real Decreto de 15 de junio de 1983 son hoteles las empresas o establecimientos dedicados de modo profesional y habitual al alojamiento de personas mediante precio, teniendo la condición  de establecimientos abiertos al público. Como se observa, una definición  copia, veinte años después los conceptos de la primera, a los que nada aportan las recientes normativas de las Comunidades Autónomas.
Por su parte los alojamientos turísticos no hoteleros son albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, ciudades de vacaciones o establecimientos similares destinados a proporcionar mediante precio, habitación o residencia a las personas en épocas, zonas o situaciones turísticas.

Siendo tan importante la implantación de la hostelería, pronto las Comunidades Autónomas comenzarán a reglamentarlas. El desfile normativo ha sido y es desde hace quince años constante y no se detiene.
Hoy la actividad hotelera ha conseguido una posición dominante en el sector turístico. Si antaño fueron las Agencias de Viajes quienes ejercieron el liderazgo en el sector hoy son los hoteles que ven amenazado su liderazgo por las grandes compañías de transporte. A pesar de esto los gobiernos autonómicos han considerado a la actividad hotelera por encima de las otras actividades turísticas y han cuidado, casi mimado, su proceso asociativo, facilitándoles, además, su participación en la elaboración de las políticas turísticas.
Quedan en las normativas hoteleras muchos puntos por precisar: intrusismo, calidad  y atención al cliente, innovación tecnológica, responsabilidad, etc...
Las Comunidades han ido elaborando sus textos reglamentarios según sus intereses, conveniencias y oportunidades sin integrar en una política nacional común, lo que ha provocado disparidades profundas, casi hasta llegar al antagonismo ridículo.
Ridículo por lo que a la demanda repercute y ridículo por las compañías de ámbito nacional.
Parece como si hubiera elementos tan dispares que se buscasen objetivos, procedimientos, resultados o intenciones diferentes.